La sentencia recurrida por Marco consideraba a éste responsable de los delitos de falsedad en documentos y malversación de caudales públicos y le imponía también una multa de 75.000 pesetas, así como la inhabilitación por 6 años y 1 día para el ejercicio de cargo público.

El 'caso del sillón' salió a la luz cuando el responsable del comercio zaragozano "Buró Oficinas", Adolfo Blanco, denunció que Marco había obligado a entregar en su domicilio particular un silló, valorado en unas 80.000 pesetas, cuya factura había sido abonada por la Diputación Provincial de Zaragoza, cuando José Marco presidía dicha institución.

Durante el juicio, se puso de manifiesto que el pago a "Buró Oficinas" había sido camuflado mediante la presentación de una factura que aludía a la reparación de unas sillas propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La misma sentencia que condenó a Marco lo hizo también con el jefe del Servicio de Restauración de la Diputación, José Maía Valero, que había aceptado la citada factura, y con el propio gerente de "Buró Oficinas", Adolfo Blanco. Mientras sobre Valero recayó una condena de un mes y 1 día de arresto menor y multa de 50.000 pesetas, Blanco fue condenado a un mes y 1 día de arresto menor.

Pese al recurso interpuesto por José Marco Berges, el 'caso del sillón' ocasionó que éste perdiese no sólo la presidencia del Gobierno Autónomo de Aragón, sino también el puesto que ocupaba como secretario regional del PSOE en la comunidadautónoma.