La suspensión cautelar, que será efectiva una vez depositada la fianza, ha sido acordada por 18 votos a favor y 14 en contra, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas, tras un debate de dos días y medio y en el que, por razones de salud, no ha podido estar presente uno de los 33 magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo.

El auto, que recogerá los fundamentos de esta decisión del Supremo, no se conocerá por lo menos hasta finales de la próxima semana, dado el elevado número de votos particulares que se redactarán.

Esta fianza de 1.000 millones de euros es independendiente de la que el Juzgado de lo Mercantil número 3 impuso a Endesa el pasado 21 de marzo para suspender la OPA lanzada por Gas Natural, así como el acuerdo entre esta última compañía e Iberdrola para la desinversión posterior de activos.

La medida cautelar adoptada hoy por el Supremo es recurrible en súplica ante el propio Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.

La decisión del Supremo es fruto del recurso presentado por Endesa contra el acuerdo del Consejo de Ministros que el pasado 3 de febrero, en contra de la opinión del Tribunal de Defensa de la Competencia, dió luz verde a la OPA de Gas Natural sobre la citada eléctrica con una veintena de condiciones.

Será más adelante cuando el Alto Tribunal entre a estudiar el fondo del recurso que la eléctrica interpuso contra el acuerdo del Ejecutivo.

LO QUE PIDIÓ ENDESA

En su recurso, Endesa solicitó la suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros y, con carácter subsidiario, pidió dos alternativas más. Una de ellas era la suspensión de los derechos políticos de las acciones de Endesa que Gas Natural pueda adquirir a través de la OPA.

La otra medida cautelar alternativa planteada por Endesa consistía en que se dejara en suspenso la obligación de cumplir las condiciones fijadas por el Gobierno.

En su recurso, Endesa también solicitó, pero como medida cautelarísima, es decir, sin oir a las partes, la suspensión provisional del citado acuerdo del Consejo de Ministros, pero el Alto Tribunal lo rechazó el pasado 14 de febrero, por considerar que no se trataba de una cuestión de "especial urgencia".

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo está compuesto por el presidente de esta sala, Ramón Trillo, que también es ponente del caso, y por 32 magistrados más, entre ellos Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia, y dos mujeres: Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior, y Celsa Picó.