Según la sentencia, los hechos se produjeron el 23 de julio de 2000, cuando Ignacio R.V., Juan Ramón G.B. y Sergio M.M. se dirigieron a casa de la víctima, Francisco P.P., con el propósito de cobrar 200.000 pesetas que éste les debía.

"Le pidieron que les acompañara con el pretexto de discutir en relación con el pago de la deuda, logrando así que el deudor se introdujera en el vehículo utilizado por los acusados", relata la sentencia.

En un momento dado, Ignacio R.V. esgrimió un revólver, colocándolo en la cabeza de la víctima, a quien seguidamente pusieron una capucha en la cabeza que le impedía ver.

Así, condujeron a la víctima hasta un paraje boscoso y le ataron a un árbol con unos cables eléctricos. Después le pincharon levemente con un cuchillo, sin producirle lesión y diciéndole que si no pagaba la deuda "le cortarían el cuello a su mujer, tras obligar a ésta y a su hija a prostituirse".

Después, le abandonaron en el árbol. Tras numerosos esfuerzos, la víctima pudo librarse de las ataduras e ir caminando durante unas horas sin rumbo conocido, hasta que a las cinco de la mañana llegó a una zona habitada, donde pudo denunciar los hechos ante la Guardia Civil.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a los tres secuestradores a 6 años, 3 meses y 20 días por detención ilegal, amenazas no condicionales y una falta de maltrato de obra. Los jueces apreciaron abuso de superioridad.

Para los magistrados del Tribunal Supremo, no procede la agravante de superioridad, "al ser necesaria para la aplicación del delito" de detención ilegal.

"Pudiera sostenerse que la introducción de Francisco en el vehículo fue mediante engaño y, por tanto, voluntaria, pero poco después ya fue patente el uso de la intimidación cuando se le exhibió amenazadoramente el arma y la presencia de los otros dos condenados sin duda reforzaba el escenario coativo y su presencia fue necesaria para agotar la detención, al dejarlo atado al árbol, acción que obviamente no podía ser realizada por uno sólo", dicen.