La medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo, tras una demanda de Endesa, fue recurrida en súplica por el Gobierno, a través del abogado del Estado, por Gas Natural y por Iberdrola.

El recurso del abogado del Estado sostiene que la decisión del Gobierno de aprobar la OPA no perjudica a la competencia, porque los efectos restrictivos quedan compensados por las 20 condiciones impuestas a Gas Natural.

Por su parte, Gas Natural, cuyos argumentos principales coinciden con los del abogado del Estado, insiste en que la autorización del Gobierno no implicaba un riesgo inminente, ya que la oferta estaba paralizada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid desde el mes de marzo.

Gas Natural subraya que son los accionistas de Endesa quienes deben decidir y no los administradores de la eléctrica o sus trabajdores, ni tampoco los consumidores del sector, quienes carecen de "derecho alguno que justifique" la suspensión cautelar de la OPA.

Por su parte, Endesa argumentó en sus alegaciones contra los recursos de súplica que no ha lugar a los mismos, a los que se opone toda la documentación que ha presentado.

Fue el pasado 21 de abril cuando el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó, tras dos días y medio de debate y por 18 votos a favor y 14 en contra, suspender cautelarmente el acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la OPA de Gas Natural sobre Endesa.

No obstante, el Tribunal Supremo condicionó esta medida cautelar al depósito de una fianza de 1.000 millones de euros por parte de Endesa, una caución para cuya garantía valía el aval prestado en su día y por la misma cantidad ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid.

Dicho juzgado impuso el 21 de marzo a Endesa una fianza de 1.000 millones de euros para suspender la OPA lanzada por Gas Natural, así como el acuerdo entre esta última compañía e Iberdrola para la desinversión posterior de activos.

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