Las electricas pedían que el tribunal anulase el Real Decreto de septiembre de 2001 por el que el Ejecutivo aprobó las tarifas para el año siguiente. Asimismo, solicitaban que se obligase a la Administración a establecer un "mecanismo corrector del déficit tarifario" y a aprobar un reglamento "objetivo, transparente y no discriminatorio" para establecer los precios de la luz.

La empresa Iberdrola desistió en abril de 2002 de cntinuar con el recurso presentado por el resto de corporaciones integradas en Unesa.

Las eléctricas alegaban en su demada que el coste de producción de este tipo de energía ha aumentado desde 1997 a consecuencia del encarecimiento de las materias primas, mientras que las tarifas han bajado en términos reales un 33,55% y en términos nominales un 18%. Las compañías señalaban que el incremento tarifario aprobado por el Gobierno del 0,412% "resultaba insuficiente".

La Sala de lo Contencioso-Administrtivo del Supremo considera que el Gobierno ha hecho una correcta utilización de la ley, por lo que desestima el recurso presentado por Unesa.