En marzo de 1998, a la vista de la situación del marcado de la telefonía móvil, en el que Telefónica era la "operadora dominante", el Ejecutivo decidió fijar unos topes en las llamadas desde teléfono fijo, que utilizaba las líneas de la compañía, a teléfono móvil.

Telefónica mostró su rechazo a la medida y ecurrió ante el Supremo, alegando que el Gobierno carecía de competencia para establecer estos precios, ya que se trataba de un régimen de tarifas libres.

Sin embargo, los magistrados consideran que la situación en la que estaba el mercado de la telefonía móvil en los primeros meses de 1998 "legitimaban una intervención administrativa", puesto que se trataba de un "importante sector" de la actividad económica que "escapaba al juego de la libre competencia", precisamente por la supremacía de Telefónica

La sentencia recuerda además que, en esa época, esta compañía ya había rebajado las tarifas en las llamadas de telefonía fija, pero no en las de fijo a móvil.

Según la sentencia, "estaba plenamente justificada la intervención administrativa" que, en primer lugar garantizaba los intereses de los usuarios y, además, salvaguardaba la viabilidad de Telefónica y de los otros operadores de telefonía móvil, al fijar una tarifa equilibrada para todas las partes.