La denuncia había sido presentada por la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO), tras conocer el fallo por el que la Sala de lo Civil el Supremo condenó a 11 magistrados del Constitucional a indemnizar con 5.500 euros José Luis Mazón por su actuación.

Para los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, las resoluciones judiciales denunciadas por AINCO no reúnen los requisitos para que pudiera apreciarse la comisión de un delito de prevaricación.

La denuncia ahora archivada se basaba en dicho fallo del Supremo, según el cual los magistrados del Constitucional actuaron "con una negligencia profesional grave, que supne, para el caso concreto, una ignorancia inexcusable".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechaza la denuncia porque, para exigir responsabilidad penal a los jueces y magistrados, en necesario interponer una querella, y no una denuncia, como ha hecho AINCO, que además sólo podría personarse como acción popular y no como parte ofendida o perjudicada.

"El hecho de haberse incluido, entre los objetivos de una asociación, el de combatir la injusticia y la corrupción, no puede tener la virtualiad de reconocer a la misma la condición de ofendida o perjudicada por la presunta comisión de determinados hechos delictivos, eximiéndola de los requisitos y de las cargas procesales exigibles a las personas físicas que igualmente pueden perseguir los mismos ideales", dice el Supremo.

Asimismo, los magistrados recuerdan a AINCO que lo resuelto en este caso por la Sala de lo Civil del Supremo "carece de toda posible eficacia" en el ámbito de la jurisdicción penal del Alto Tribunal.