Respecto a esta medida cautelar, el Supremo ha emplazado ya a la Administración para que se pronuncie al respecto en el plazo de 10 días.

Fuentes de Centrica señalaron hoy a Servimedia que la adopción de la medida cautelar implicaría la no aplicación del artículo 1 del Real Decreto de Tarifas hasta la resolución del recurso, y esta circunstancia obligaría a las compañías verticalmente integradas a eliminar el déficit de tarifa de sus cuentas de resultados de 2005.

Esta última medida, en el caso de que sea adoptada por el Tribunal Supremo, podría tener un notable impacto en algunos de los principales actores del sector energético español.

La filial en España de British Gas presentó hace dos semanas sendas denuncias contra el Estado español ante la Comisión Europea y el Tribunal Supremo español por el reconocimiento del llamado déficit de tarifa a las compañías eléctricas, que en 2005 puede haber alcanzado los 3.700 millones.

AYUDA DE ESTADO

En opinión de la denunciante, esa decisión constituye una ayuda de Estado ilegal, al no haber sido previamente autorizada por la UE, que impide la competencia e incentiva, además, la subida de los precios en el mercado mayorista de electricidad ("pool"), ya que las compañías que operan en el mismo saben que, sea cual sea el precio, al final sus distribuidoras lo van a cobrar.

Según el director general de Centrica Energía, Enrique Giménez, los comercializadores independientes de electricidad no han podido operar el pasado año porque era imposible competir con la tarifa, mucho más barata que los precios del mercado liberalizado. De hecho, Centrica cesó la actividad comercial en mayo de 2005 por esta razón.

Cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto de Tarifas de 2006, a finales de diciembre pasado, los comercializadores tenían la esperanza de que, junto al déficit de tarifa, se reconociera el déficit de comercialización, pero no fue así.

Tras varias reuniones con altos cargos del Ministerio de Industria, con resultados negativos, Centrica Energía decidió presentar las mencionadas acciones judiciales.

Con las mismas, Centrica pretende que el Gobierno español reconsidere el asunto, verifique que se trata de un mismo problema el déficit de tarifa y el de comercialización, yreconozca ambos déficits o ninguno, asumiendo que su objetivo es mantener la competencia.