En un auto conocido esta jornada, el magistrado instructor Leopoldo Puente aprecia "indicios bastantes" de la posible comisión de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El instructor señala que las diligencias practicadas hasta ahora revelan que Ábalos podría haber "determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública" a cambio de beneficios económicos durante su etapa como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La investigación se centra en contratos para la adquisición de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios durante la emergencia sanitaria del covid-19, según detalla la resolución judicial.

BENEFICIOS ILÍCITOS

El auto sostiene que Koldo García, entonces asesor de Ábalos, "intervenía activamente en la contratación" y realizaba operaciones para ocultar los cobros, en las que el exministro también participaba "personalmente" y presuntamente disfrutaba de "ilícitos beneficios económicos".

Entre los beneficios que habría obtenido Ábalos figuran el pago de alquileres de la vivienda de su expareja, un chalet en la costa y un piso de 250 metros cuadrados en el paseo de la Castellana de Madrid con opción de compra por 750.000 euros, "aparentemente muy inferior al de mercado".

El instructor destaca que el exministro, en su declaración voluntaria, negó haber recibido dinero por la adjudicación de contratos, lo que "no se aviene con los indicios" obtenidos en la investigación a través de documentos y declaraciones.

VÍNCULOS EMPRESARIALES

La resolución explica que Víctor Gonzalo de Aldama, también investigado, habría aprovechado su relación personal con Ábalos y Koldo García para obtener información privilegiada sobre las necesidades durante la pandemia.

Esta información le habría permitido asegurar contratos para la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a las empresas, S.L., así como para otras empresas y particulares con la Administración pública.

El magistrado ha remitido una exposición razonada al presidente de la Sala Penal para que, tras el refrendo de la Sala, se curse el suplicatorio a la Presidencia del Congreso a través de la presidenta del Supremo.