La mayoría de los testigos, que alcanzan los 250 según fuentes del Alto Tribunal, fueron propuestos por la defensa de Ruiz-Matos, que está acusado de supuestos delitos monetarios, apropiación indebida y fraude, motivos por los que el Gobierno alemán concedió su extradición a España.

En dicha providencia, la Sala da un plazo de 20 días al fiscal y a las partes para que argumenten porqué son imprescindibles tantos testigos indicando "en cada uno de los medios probatorios (testigos) la relación que guardan con el objeto del proceso".

Una vez obtenidas estas explicaciones, la Sala, "después del correspondiente examen, decidrá lo que sea procedente", pudiendo rechazar a algunos testigos si no los considera necesarios, según explicaron fuentes del Alto Tribunal.

Tras esta respuesta, el Tribunal Supremo fijará la fecha para el juicio que se siga contra Ruiz-Mateos por dos presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, por los que el ministerio fiscal pidió un total de 12 años de cárcel y 500.000 pesetas de multa en sus conclusiones provisionales, hechas públicas en septiembre de 1988.