Los jueces del Supremo comenzaron esta mañana la sesión, en la que el ponente de la causa, Joaquín Samper, informó al resto de la sala de los informes que el abogado del Estado, la Fiscalía del Alto Tribunal y los letrados de Batasuna han presentado a este respecto.

Además, dio a conocer a los magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo las actas de los bienes inventariados en las "herriko tabernas".

Los magistrados del Tribunal Supremo deberán reunirse otro día, en una fecha que aún no se conoce, para deliberar y tomar una decisión.

Los informes del abogado del Estado, el Ministerio Fiscal y los letrados de Batasuna versan sobre el contenido del informe de los expertos designados por el Supremo para llevar a cabo las actuaciones de liquidación patrimonial de dichos partidos, proceso que se inició tras la sentencia de ilegalización de los mismos, dictada el 27 de marzo de 2003.

La Fiscalía del Tribunal Supremo no es partidaria de proceder al embargo de bienes de las "herriko tabernas", salvo que se acredite la vinculación de las mismas con la ilegalizada Batasuna. Para el Ministerio Público, a día de hoy no hay "pruebas suficientes que acrediten su efectiva vinculación" con el partido liderado por Arnaldo Otegi.

Por su parte, el abogado del Estado pide al Tribunal Supremo que se hagan más comprobaciones respecto a la vinculación de Batasuna y las "herriko tabernas" antes de proceder a liquidar sus bienes.

ORDEN DE INVENTARIAR

Estos informes fueron solicitados por el Tribunal Supremo el pasado 23 de octubre, cuando dictó un auto por el que ordenó entrar en las "herriko tabernas" para inventariar sus locales y enseres, una medida que forma parte de la ejecución de la sentencia de ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

En aquella resolución, el Supremo señalaba que una de las conclusiones "capitales" del informe pericial de los expertos versa "sobre la necesidad de extender la liquidación patrimonial del partido Batasuna, ilegalizado y disuelto por la sala, así como de los partidos o plataformas que constituyeron sus precedentes políticos inmediatos, también declarados ilegales en rebeldía, a los bienes y derechos de la titularidad aparente de terceros".

El Supremo señala que la conclusión de los liquidadores "reside en la existencia de numerosos bienes y derechos que, formalmente ostentados por determinadas asociaciones culturales y, en algunos casos, sociedades mercantiles, que aparecen como titulares de las denominadas herriko tabernas (...), pertenecerían en realidad, material y efectivamente, a la propia Batasuna".

Además, los expertos tienen en cuenta los informes policiales que, en gran medida, han servido de fundamento, en la sentencia de ilegalización de Batasuna, "para sustentar la prueba de la vinculación existente entre ETA y Batasuna".

"Este valor indiciario, pero intensamente revelador, de que el patrimonio de las herriko tabernas, con independencia de su titularidad formal, está afecto a los fines propios del partido ilegal Batasuna (...) hacen aconsejable la adopción de determinadas medidas directas e inmediatas sobre dicho patrimonio que prevengan el riesgo de desaparición del objeto material de la ejecución patrimonial", dice el Supremo.