En un auto hecho público hoy, el Supremo considera que hay que evitar la "anomalía" que supondría mantener como juez, "durante un prolongado espacio de tiempo, a quien no cumple ya las exigencias legales previstas para ello".

En este sentido, agrega que velar por el buen funcionamiento de la jurisdicción es un objetivo "mucho más prioritario que las necesidades particulares que una persona puede ver satisfechas por er miembro activo de la carrera judicial.

En el recurso que Pilar Ramírez presentó ante el Supremo contra la expulsión que le impuso el CGPJ, la ex juez decana pedía que se levantara cautelarmente la sanción para que no perdiese la plaza obtenida en la Audiencia Provincial de Málaga.

El Supremo rechaza que mantener la sanción mientras el Alto Tribunal resuelve el recurso vulnere su presunción de inocencia, y recuerda a la ex juez que el Tribunal Constitucional así lo ha establecido.

De esta orma, el Supremo sigue la postura mantenida por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que se opuso a levantar cautelarmente la expulsión de Pilar Ramírez, medida a la que también se opuso por unanimidad el CGPJ.

Ramírez recurrió ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la sanción que le impuso el CGPJ y solicitó que su expulsión fuera suspendida temporalmente hasta que el Alto Tribunal resolviese el contencioso.

En su recurso, Ramírez sostiene que la anulación de la sanción no bastará para reparar e daño que le ha provocado la decisión del CGPJ, dada la "magnitud del sufrimiento" que le ha causado la expulsión, así como la resonancia que ha tenido su caso en los medios de comunicación.

El pasado 26 de enero, el pleno del CGPJ decidió, por 12 votos a favor y 9 en contra, expulsar a Ramírez de la carrera judicial por no advertir al Poder Judicial de la incompatibilidad para ejercer en Marbella, algo a lo que estaba obligada al residir allí familiares suyos con intereses económicos en la zona y traarse de una ciudad con menos de 100.000 habitantes.

El caso de Pilar Ramírez tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, dado que estuvo relacionado con la tramitación del "caso Atlético" en Málaga, investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Fue precisamente este departamento el que la denunció ante el máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados, al acusarla de falta de imparcialidad, entre otras cosas.