Según informó el Alto Tribunal, Alberto González Amador reclama 40.000 euros a la vicepresidenta primera del Gobierno, después de que María Jesús Montero dijera en los pasillos del Senado que la presidenta madrileña podría estar “en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia”.

Por ello, y tras no presentarse Montero el 4 de octubre al acto de conciliación, el empresario presentó la demanda para que la Justicia obligue a la número dos del Gobierno a reconocer en rueda de prensa que incurrió en intromisión ilegítima en su derecho al honor, y le reclama 40.000 euros de indemnización.

En el acto en el que la Sala I admite a trámite la demanda de la pareja de Ayuso, se emplaza también a la parte demandada y al Ministerio Fiscal, para que la contesten en el plazo de 20 días hábiles.

Asimismo, apercibe a la parte demandada de que si no compareciere dentro del plazo indicado se la declarará en rebeldía procesal, y también la advierte de que la comparecencia en juicio debe hacerse por medio de procurador y con asistencia de abogado.