Los hechos ocurrieron en 1989, en la Facultad de Derecho de la UCM, durante un examen de Derecho Civil II, en el que la estudiante C.A.M. fue sorprendida por los profesores que vigilaban la prueba escrita cuando escuchaba por un transmisor las respuestas que le "soplaba" un compañero desde fuera.

Esta ctuación fue considerada por el rectorado de la UCM como una falta grave que merecía la expulsión durante un año de la estudiante, a la que prohibieron matricularse en la universidad o en cualquier centro adscrito a ésta.

Según el Supremo, en el expediente sancionador del rectorado hay "pruebas más que suficientes" que demuestran que la estudiante intentó copiar en el examen de derecho. Además, recuerda que la alumna confesó haber copiado en la prueba mediante el uso del transmisor.

Además, el Alo Tribunal señala que la sanción del rectorado no vulnera el derecho a la educación de la estudiante, pues el hecho de haber sido expulsada de la Complutense no impide que la alumna se matricule en cualquier otra universidad o centro educativo ajeno a la UCM.

El Supremo recuerda que entre las atribuciones de la Administración se encuentra la de mantener la disciplina académica, sancionando a aquellos estudiantes que "incumplen las obligaciones que les son exigibles", como es la de ir con la lección apendida a un examen.

Por último, el Alto Tribunal considera que la sanción impuesta por el rectorado de la UCM es "proporcionada a la gravedad de la infracción" cometida por la estudiante expedientada, a la que califca de "temeraria" a la estudiante por negar "lo que de todo punto es evidente".

De esta forma, el Supremo apoya la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ratificó la sanción impuesta por el Rectorado de la UCM a la estudiante.