Fuentes del Alto Tribunal explicaron que en caso de que la sala estime las alegaciones, en las que el representante de la Administración duda de la legiimación de las asociaciones para recurrir, los recursos contra el nombramiento de Hernández podrían ser archivados.

En caso contrario, tanto el abogado del Estado como las restantes partes dispondrán de un plazo de 15 días cada uno para presentar sus respectivos informes, con lo que el pronunciamiento del tribunal sobre la legalidad del nombramiento podría prolongarse durante varios meses.

El nombramiento de Eligio Hernández en abril de 1992 provocó la reacción contraria de las asociaciones de ficales y jueces que consideraron que Hernández, hasta entonces delegado del Gobierno en Canarias, no había ejercido los 15 años que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para acceder al cargo.