De forma complementaria, los 16 magistrados de esta Sala ordenaron iniciar ya el proceso de liquidación patrimonial de ANV y PCTV en el marco de la ejecución de la sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo contra ambas formaciones el pasado mes de septiembre por considerarlas sucesoras de Batasuna y estar integradas dentro del entramado de ETA.

Ésta fue la decisión adoptada por los magistrados de la Sala del 61 después de más de tres horas de reunión en la que estudiaron las peticiones formuladas por la Abogacía del Estado y por la Fiscalía en relación a la ejecución de la sentencia de ilegalización.

Finalmente no hubo unanimidad ya que el magistrado Manuel Marchena emitió un voto particular discrepante por considerar que se debería haber ordenado hoy mismo la disolución de los grupos de ANV y PCTV. Fuentes del Tribunal Supremo señalaron que habrá que esperar unos días antes de que haga público el contenido íntegro del auto y del voto particular.

Según consta en la parte dispositiva del auto adelantado hoy, la Sala del 61 decidió dirigirse a la presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao, para que ponga en conocimiento del Grupo Parlamentario del PCTV que debe remitir, en el plazo de diez días, sus alegaciones frente "a la pretensión de disolución formulada por el abogado del Estado".

Por su parte, el Tribunal Supremo se dirigirá a los alcaldes de los 125 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que ANV tiene grupos municipales para que sean ellos los que comuniquen a los representantes de este partido que tienen diez días para presentar las alegaciones pertinentes a la demanda de disolución.

El plazo de diez días que se da a ANV y PCTV sólo empezará a contar una vez se les notifique el auto del Tribunal Supremo a los grupos.

PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Además de dar diez días de plazo para que presenten sus alegaciones, los magistrados de la Sala del 61 decidieron ordenar la apertura del proceso de liquidación patrimonial de PCTV y ANV en ejecución de la sentencia de ilegalización y según lo previsto en la Ley de Partidos

Para ello, se decreta el embargo de los saldos existentes en las cuentas corrientes, de ahorro y de crédito abiertas por ANV y PCTV así como de "cuantas subvenciones estatales, autonómicas o locales" disfruten en la actualidad.

También se acordó el embargo de "cuantos derechos, bienes o participaciones" posean ambos partidos en instituciones financieras, sociedades mercantiles o de carácter inmobiliario.

Para hacer efectiva la liquidación, el Tribunal Supremo pide a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que proponga a 12 inspectores de finanzas entre los que la Sala eligirá a tres como liquidadores de ANV y a otros tres para el PCTV.

De forma complementaria, los magistrados pidieron a Garzón que entregue al Tribunal Supremo la relación de bienes que ya se han embargado de forma cautelar al PCTV y a ANV dentro de la causa iniciada en su juzgado contra ambas formaciones.

Por último, el Alto Tribunal decidió dirigirse a la Junta Electoral Central para que este organismo de traslado de la sentencia de ilegalización contra ANV y PCTV a las juntas electorales provinciales de Álava, Guipúzcoa y Navarra.

A su vez, estas juntas provinciales deberán dar traslado de la sentencia de ilegalización a las juntas de Zona "a fin de que se tenga en cuenta lo decidido en los futuros procesos electorales que se celebren".