La sentencia relata que Mohamed El Khalifi llegó en 1992 a España, donde convive con su hermana, que tiene permiso de residncia, trabajo y cuenta bancaria, y con el marido de ésta, también regularizado en nuestro país y que se compromete a "avalarle y prestarle su apoyo económico y moral".

Asimismo, indica que el inmigrante tiene "perspectivas de un trabajo concreto, para lo cual ya ha realizado la solicitud de permiso de residencia y trabajo", por lo que considera que cumple los requisitos necesarios para anular su expulsión del país, es decir, tener arraigo por razón de sus intereses familiares, sociales y económicos. El Supremo añade que expulsarle del territorio nacional le supondría "perjuicios de difícil reparación, que en parte afectarían a su esfera personal", por lo que ha decidido suspender la ejecución del acuerdo del Gobierno Civil de Barcelona, que ordenó su expulsión y prohibió su entrada en el país durante los próximos cinco años.