Los hechos que investigaba el Supremo tuvieron lugar en 1994, cuando, Manuel Goya Burgués era alcalde de Quintanar de la Orden (Toledo) y unas empleadas del ayuntamiento sufrieron un accidente mientras adecentaban la plaza de toros. Una de ellas padeció lesiones y poteriores secuelas.

El tribunal que juzgó los hechos condenó al concejal de Deportes y Obras a indemnizar a dicha trabajadora por las lesiones sufridas. Sin embargo, ese concejal, que en el momento de conocerse la sentencia se encontraba en paro, se declaró insolvente.

Fue entonces cuando el alcalde Goya Burgués tomó la decisión, en primer lugar, de no recurrir el fallo judicial, con el fin de que la trabajadora pudiera cobrar inmediatamente, y en segundo lugar, en vez de hacer responsable al concjal, instar al pleno municipal a hacerse cargo del pago de dicha indemnización.

Para ello, sometió a votación del pleno municipal una propuesta para que el consistorio se hiciese cargo de la indemnización fijada por el juez, la cual fue refrendada por la mayoría de los ediles.

El tribunal que juzgó los hechos, a raiz de una denuncia interpuesta contra Goya consideró, no obstante, que el alcalde incurrido en un delito de prevaricación como responsable de adoptar una "decisión injusta".

La denncia fue interpuesta cuatro años después de producirse los hechos por el alcalde al que Goya y su grupo (PSOE) sometió a una moción de censura.