Este pronunciamiento del Supremo se produce después de las demandas interpuestas por la OCU. En noviembre de 2001 esta organización presentó una demanda contra varias compañías por los servicios ofrecidos a través de los "906" y que deberían ofrecerse a través de teléfonos "903".

Más tarde, en julio de 2004, este juzgado estableció la ilegalidad de los servicios con prefijo "903".

Según cálculos de la organización de consumidores, el importe de la facturación que las compañías deberían devolver superaría los 900 millones de euros.

Sin embargo, según ha comunicado la OCU, el tiempo pasado desde la interposición de la demanda hace "poco probable" que los usuarios queden resarcidos de los perjuicios económicos derivados de estos servicios y por eso, "estudia en estos momentos" las posibilidades para hacer efectiva la sentencia.