EL SUPREMO SE DECLARA COMPETENTE PARA INVESTIGAR A MOREIRAS POR PREVARICACION Y DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSION CAUTELAR DEL JUEZ

MADRID
SERVIMEDIA

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha declarado competente para instruir la querela presentada por un empresario informático contra el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, que fue acusado de prevaricación, y ha dejado sin efecto la suspensión cautelar del magistrado, dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid.

En un auto hecho público hoy, el Supremo nombra instructor al magistrado Carlos Granados para que se reinicien las diligencias previas y anula todas las actuaciones llevadas a cabo por el TSJ de Madrid por el momento.

El lto tribunal madrileño admitió a trámite la querella interpuesta por Joaquín González, encarcelado como presunto miembro de una red de datos informáticos que operaba en Móstoles (Madrid), y decidió remitir el auto al Consejo General del Poder Judicial para que decidiera supender al juez de sus funciones hasta que se celebrase el juicio.

Moreiras planteó una cuestión de incompetencia ante el Tribunal Supremo, alegando que, de acuerdo con el artículo 57.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), sóo la Sala Segunda es competente para investigarle como magistrado de la Audiencia Nacional.

Por contra, el TSJ se había declarado competente ya que el citado precepto no hace alusión directa a los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, por lo que tienen el mismo rango que el resto de los jueces de instrucción y, por tanto, al haberse cometido los hechos imputados en el ámbito de la comunidad madrileña, debía ser este tribunal quien entediera del caso.

El Tribunal Supremo reclam las actuaciones al TSJ para estudiar su competencia en el caso, pronunciándose a favor de tramitar el caso.

El Supremo destaca que, aunque existe un vacío legal respecto al aforamiento de los jueces centrales de instrucción, éstos tienen jurisdicción en toda España y, de acuerdo con artículo 88 de la LOPJ, "cuando actúan en el ejercicio de una actividad jurisdiccional, lo hacen siempre dentro del territorio nacional", aunque el hecho penal que se trate se produzca en una comunidad autónoma concreta. Joaquín González, el empresario que denunció a Moreiras, anunció que estudiará con su abogado la posibilidad de recurrir el auto del Tribunal Supremo y consideró que la declaración de su competencia en el caso es "un abuso de derecho y entiendo que puede haber un exceso o un deseo de atribuciones por parte de este tribunal".

(SERVIMEDIA)
02 Jun 1993
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