Según informa en un comunicado el Ejecutivo que preside Paulino Rivero, la anulación de las licencias por parte del Supremo se fundamenta en que no se ha obtenido la autorización previa para el proyecto de actividad turística de estos seis hoteles en el mencionado Plan Parcial.

Especifica en su sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, que la forma de proceder del Ayuntamiento de La Oliva, entonces presidido por Domingo González Arroyo, al otorgar estas licencias de edificación supeditándolas a la obtención de las autorizaciones que debieran conceder otras administraciones "es un subterfugio para eludir el precepto legal que categóricamente establece que la autorización de la administración competente en materia turística es previa a la concesión de la licencia de edificación (sic)".

Los hechos se remontan al 7 de abril de 2001 cuando el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva aprobó conceder dichas licencias a la entidad Oliva Oceánidas S.L. para edificar seis hoteles en El Cotillo.

Este acuerdo fue recurrido por el Gobierno autónomo, y anulado en 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por no ser conforme a derecho, lo que motivó que la empresa promotora del proyecto presentase a su vez un recurso de casación ante el Supremo, que ahora ha dictado sentencia dando la razón al Ejecutivo canario, y además condena al recurrente al pago de las costas procesales causadas.