Según informaron a Servimedia fuentes del Supremo, una cosa es la crítica a las decisiones de los ribunales y otra "muy distinta es la descalificación personal hacia quienes firman esas resoluciones y que rebasan la línea del respeto a las instituciones".

De acuerdo con las mismas fuentes, las descalificaciones vertidas contra García Ancos y contra Bacigalupo Zapater han sido "la gota que colma el vaso, pero antes ya se han producido episodios similares", como el caso de la juez de vigilancia penitenciaria que concedió un permiso a un hombre que posteriormente asesinó a su novia.

Añadieron qu muchas veces se critican las decisiones judiciales en la opinión pública sin tener conocimiento de los razonamientos que han llevado a los jueces a tomarlas. En este sentido, indicaron que, si se estrecharan las relaciones entre los periodistas y la administración de justicia, se aclararían muchas dudas y "se evitarían juicios paralelos".

En su opinión, "una sociedad libre exige un mayor respeto de las instituciones" y "no es buena la crítica sistemática, sin razonarla, porque porque pueden hacer perer la credibilidad social en la honestidad de las instituciones y mermar su estabilidad".

"A los jueces se nos debe juzgar por lo que hacemos, y lo que hacemos queda escrito en los autos, en las providencias y en las sentencias, y esos escritos son los que hay que mirar detenidamente antes de entrar a criticar una decisión judicial", añadieron.

Para las mismas fuentes, cuando se rebasa la frontera entre la crítica y la descalificación personal se hace daño a la sociedad, "porque al escuchar estascosas comienza a desconfiar de las instituciones", y al justiciable, "que teme que las campañas de opinión pública hipotequen el proceso en el que se haya inmerso".

No obstante, recalcaron que quien debe estudiar de forma de garantizar el respeto a las decisiones judiciales sin constreñir el derecho a la crítica a cualquier decisión judicial es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con cuyo presidente mantuvieron una reunión los 13 miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

De echo, el portavoz del CGPJ, Benigno Varela, manifestó hoy en rueda de prensa la preocupación del Pleno por las críticas que ha provocado la sentencia contra Gómez de Liaño, al tiempo que se mostró partidario también de "mejorar las relaciones con los medios de comunicación".