Así lo asegura esta Sala en el auto por el que decide archivar las diligencias abiertas en relación a la conversación que mantuvo Casas con una abogada que le pidió orientación en una disputa con su marido por la tutela de una hija.

En dicho auto, difundido hoy por el Supremo, el Alto Tribunal señala que en el comportamiento de Casas "no existe una actividad de asesoramiento, aun ocasional", que conculque el artículo 441 del Código Penal, que castiga la conducta de autoridades o funcionarios públicos que realicen actividades profesionales o de asesoramiento fuera de los supuestos admitidos en las leyes o reglamentos.

El Supremo subraya, en defensa de Casas, que "no todo consejo emanado de una autoridad o funcionario público puede reputarse delictivo".

A su juicio, "sólo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal".

Añade que "ninguna de estas notas concurre en el presente caso, en el que la conversación concluye con la indicación por la aforada del nombre de dos personas que sí pueden realizar una eficaz labor de asesoramiento por su condición de especialistas en la defensa jurídica de conflictos familiares".

Por último, el Supremo considera que en "la conversación mantenida por la persona aforada -la presidenta del TC- se deslizan expresiones que se ajustan sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos" y que su comentario "no puede considerarse, sin más, un hecho delictivo llamado a ser investigado por la jurisdicción criminal".

En consecuencia, la Sala de causas especiales de la Sala Segunda del Supremo ha acordado "por unanimidad de sus cinco miembros el archivo de las actuaciones correspondientes a la causa especial" sobre Casas, tal y como solicitó en su informe el Ministerio Fiscal.