El Tribunal estuvo formado por los magistrados Andres Martínez Arrieta (presidente), Andres Palomo, Pablo Llarena, Vicente Magro (actuando como ponente) y Leopoldo Puente. Según consta en los hechos probados, “la pareja puso fin a su relación. Y la guarda y custodia se atribuyó a la madre, con la que convivía la menor constituyéndose un régimen de visitas a favor del padre…. Ella era conocedora de la intención del padre de la menor de modificar e incrementar legalmente el régimen de visitas, con el fin de que la niña y su padre pudiesen pasar más tiempo juntos".

La sentencia explica que la mujer “tenía algún tipo de trastorno, pero el mismo no afectaba a sus facultades mentales ni a sus capacidades cognitivas o volitivas que le pudieran afectar ni para comprender la ilicitud del hecho ni a su capacidad de autocontrol y para actuar conforme a dicha comprensión. La autora, como madre de la menor era persona que debía protegerla de cualquier mal”.

Destaca el Tribunal Supremo que “nos encontramos ante un caso de violencia vicaria” y explica que “días antes de estos hechos, (la autora) había indagado en Internet sobre los medios con los cuales podía acabar con la vida de su hija, realizando la búsqueda de un veneno llamado estricnina…. Y era conocedora de la intención del padre de modificar e incrementar legalmente el régimen de visitas, con el fin de que la niña y su padre pudiesen pasar más tiempo juntos”

Pone el acento el Supremo en que “pese a su obligación moral y de derecho natural de proteger” a la niña, la madre “acaba con su vida (…) siendo consciente de lo que hacía y del alcance y consecuencias de lo que llevaba a cabo respecto de su propia hija en un acto de violencia vicaria no amparable en circunstancia modificativa de responsabilidad criminal alguna”.

Y remacha: “Fue consciente de lo que hacía. Buscó un sistema para acabar con la vida de su hija y en lugar de protegerla, como consta en los hechos probados, es su propia madre la que acaba con la vida de su hija en un acto antinatura de violencia vicaria”.

La recurrente había pedido la eximente completa o incompleta de trastorno psicótico de los artículos 21.1 y 20.1 del Código Penal, pero el jurado fue concluyente a la hora de rechazar cualquier tipo de eximente o atenuante. Por su parte, el TS destaca que ninguna circunstancia “le impide estar en plena capacidad de facultades para comprender y entender la ilicitud del acto cometido, lo que fundamentan en las pruebas forenses y de criminalística que demuestran una premeditación de los hechos aportando búsquedas repetidas de sustancias venenosas, simulación de sintomatología psicótica y una clara intención de obstruir a la justicia con el intento de borrado y ocultación de pruebas”.