Inmaculada Sancho y Rubén Muñoz fueron condenados por la Audiencia de Valencia a pagar una multa de 575.000 pesetas cada uno junto al padre de éste último, José Muñoz, y al gente de propiedad inmobiliaria Juan José Ortega.

Los condenados recurrieron la resolución por error en la apreciación de la prueba, mientras que el fiscal apeló también al alto tribunal por estimar que los hechos constituían además un delito de fraude.

Los recurrentes cuestionaron también la legalidad de las intervenciones telefónicas ordenadas por el fiscal Enrique Beltrán para obtener las pruebas necesarias contra los encausados.

El Supremo ratifica en todos sus puntos la sentencia de la udiencia de Valencia que consideró probado que en julio de 1989 los condenados exigieron el pago de 300 millones de pesetas a Javier García Pérez para conceder la calificación de zona urbanizable de unos terrenos que poseía en las Salinas de Calpe.

El propietario no aceptó la propuesta y denunció los hechos a la entonces directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, que llevó al asunto a la fiscalía.

El "caso Calpe" fue el detonante de otro caso de corrupción urbanística conocido como el "casoBlasco", que provocó la destitución del ex consejero de Obras Públicas, Rafael Blasco.