El PP había denunciado a Cándido Conde-Pumpido por una resolución dictada el 25 de febrero, por la que atribuía a la Fiscalía Anticorrupción la investigación de la denuncia presentada por el denominado "caso Majadahonda".

El Supremo archivó el caso pero el PP presentó un recurso de súplica contra dicha decisión, confirmada por el Alto Tribunal.

Los magistrados señalan que la decisión del fiscal general del Estado "no se ha enmarcado en procedimiento judicial alguno".

"No se trata más que de la decisión que acuerda la práctica de unas diligencias preprocesales en virtud de una denuncia que formulan las personas más arriba citadas, atribuyendo a la Fiscalía Especial Anticorrupción la tramitación de las mismas", explican los magistrados.

Para el Supremo, "resulta extraño que el PP argumente que "no existe precedente en los últimos diez años de presentar una denuncia ante el fiscal general del Estado y no ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente o ante los tribunales de justicia". Los magistrados reprochan que "éste ni es un argumento jurídico, ni puede sostenerse mínimamente".

Además, afirman que no ha existido delito de revelación de secretos, porque la fiscalía cumplió con el deber de información que se autoriza en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El artículo 4.5 de ese Estatuto establece que el Ministerio Fiscal podrá "informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto de sumario".

Asimismo, señala que tampoco puede mantenerse la invocación al secreto de sumario en que se basa el recurso, "sencillamente porque aquí no hay sumario alguno en tramitación".