El tribunal ha estimado, en todo o en parte, en su sentencia de fecha 10 de febrero de 2023, los diferentes recursos interpuestos contra la resolución dictada por la Audiencia Nacional en el conocido como ‘caso Pescanova’. Se mantiene la condena contra el presidente del grupo como autor de sendos delitos de falsedad en las cuentas anuales (artículo 290 del Código Penal) y de falseamiento en la información económica y financiera (artículo 282 bis), en relación de concurso medial, y de un delito de alzamiento de bienes (manteniéndose también la condena de su esposa como cooperadora necesaria de este último).

Sin embargo, descarta respecto de este acusado las circunstancias atenuantes de confesión, reparación del daño y estado de necesidad incompleto. Además, le absuelve, como también a los demás acusados, de los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa agravada, que igualmente se le atribuían, al entender el Tribunal Supremo que no concurre engaño, causal al desplazamiento patrimonial, padecido por las entidades financieras.

Se mantienen también las condenas, como cooperadores necesarios del delito de falsedad en las cuentas anuales, de varios ejecutivos de la compañía, aunque, se les impone menor pena por aplicación de las previsiones del artículo 65.3 del Código Penal.

La sentencia del Tribunal Supremo absuelve, sin embargo, al auditor externo de Pescanova, así como a la compañía auditora y, en términos de responsabilidad civil, a la aseguradora de ésta, al considerarse que la resolución recurrida tiene por probada y describe por parte del primero una conducta descuidada o desatenta, pero no el comportamiento doloso que resulta exigible respecto de los delitos por los que fue condenado en la instancia.

Son absueltas también dos compañías, que habían sido condenadas como cooperadoras necesarias del delito de alzamiento de bienes, al considerar el Tribunal Supremo que los actos realizados por las personas físicas no lo fueron en beneficio, directo o indirecto, de aquéllas, frente a lo exigido por el artículo 31 bis del Código Penal.

Se aprecia respecto de todos los condenados la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas: el procedimiento se prolongó por espacio de aproximadamente siete años hasta el dictado de la sentencia recaída en la instancia, lo que se considera suficiente, pese a la complejidad objetiva del procedimiento, para entender lesionado el derecho al proceso debido, en particular, tomando en cuenta que los recursos de casación, que se estiman, tardaron en sustanciarse dos años más.