La Sala Segunda del Supremo condena asimismo al entonces director general de Economía de la Junta, Javier Valenzuela Seoane, a 6 años y un da de inhabilitación especial por cooperación necesaria en un delito de prevaricación.

Sin embargo, el Supremo ha absuelto a Pérez Villar y su esposa, Rosario Carballo Sánchez, del delito de fraude, al estimar que "no consta" que el asesoramiento que realizó el despacho en el que había trabajado hasta el momento de ser nombrado consejero, en el que fue sustituído por su esposa, tuviera relación con la concesión irregular de las ayudas públicas a las empresas mineras.

El tribunal sí considera probao que la Consejería dió subvenciones a las empresas Minas de Ventana y Renasa sin que cumplieran los requisitos establecidos por la normativa, por lo que Pérez Villar incurrió en un delito de prevaricación.

El Supremo no exige responsabilidades civiles a los condenados ni tampoco se la impone con carácter subsidiario a la Junta de Castilla y León.

La esposa de Pérez Villar manifestó su desacuerdo con la condena a su marido "ya que él sólo firmaba las órdenes que le pasaba el interventor general, in tener ninguna responsabilidad sobre las ayudas a las empresas".

Rosario Carballo se felicitó de que ya "haya acabado todo" y aseguró que no recurrirán la sentencia "porque ya teníamos ganas de que acabara este calvario y porque mi marido sólo pretendió servir al Partido Popular y a José María Aznar".

Por su parte, el secretario regional del Partido Socialista, Jesús Quijano, responsabilizó directamente a Aznar, ya que "fue él quien nombró directamente a Pérez Villar y por lo tanto es directamete responsable de sus actuaciones, por lo que ahora debe responder ante la prevaricación continuada".

En cuanto al procurador regional de Izquierda Unida, Antonio Herreros, anunció que solicitará la comparecencia en las Cortes regionales del presidente nacional del PP "para que dé explicaciones en la Cámara regional de las actuaciones irregulares en materia de ayudas a la minería de León".