Los hechos que motivan la sentencia se remontan al 8 de enero de 1997, cuando el condenado se presentó ante su unidad de destino, ubicada en Ferrol (La Coruña) y presentó el siguiente escrito: "Me niego a realizar el Servicio Miltar por tener pánico a la armas y por motivos familiares y por problemas del sistema nervioso".

Para el Supremo, el condenado "nunca solicitó ser declarado objetor de conciencia y no puede entenderse [...] que tal escrito contiene una solicitud en tal sentido, pues ninguna mención hace, siquiera indirectamente, a motivos de conciencia ni a razones de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otros de la misma naturaleza".

Según el Supremo, el joven no expuso causa que justificase s negativa, lo cual debió hacer con un mínimo de dos meses de antelación. En este sentido, concluye que los hechos descritos son constitutivos de un delito contra el deber de prestación del servicio militar y le condena a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Además, el condenado no podrá obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo durante el tiempo que dure la pena impuesta.