La sentencia de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal relata que los funcionarios de la Seguridad Social, todos ellos con cargo de jefe de negociado en distintas áreas, utilizaban sus claves de acceso al sistema informático de la Dirección Provinial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Alicante para obtener datos e informes de afiliación y vendérselos a quien los solicitase.

Las operaciones eran dirigidas por un funcionario al que ya se le había retirado la clave de acceso por ser "proclive a la venta de datos informáticos" obtenidos del organismo en el que trabajaba, pero que pagaba a sus compañeros, primero en "copas" y después con dinero, para que con sus claves y las de otros trabajadores ajenos a este negocio obtuvieran los nformes que requería.

Para ello contaba también con la colaboración activa de su esposa y un ayudante, al que pagaba unas 15.000 pesetas diarias. Además, se había puesto de acuerdo con un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía en el puesto fronterizo de Ayamonte (Huelva) para el intercambio de datos e informes de la Jefatura de Tráfico y datos laborables de la Seguridad Social.

A ambos acusados les había puesto en contacto un guardia civil en excedencia propietario de una agencia encargadade elaborar informes comerciales solicitados por empresas, que también compraba informes al funcionario de la Seguridad Social.

Por estos fraudes el principal acusado llegó a cobrar al menos 19.656.000 pesetas, y el resto, entre un millón y medio y medio millón de pesetas. La Audiencia Provincial de Alicante les condenó por los delitos continuados de cohecho y de revelación de secretos, sentencia que el Tribunal Supremo ratifica.