Para el Supremo, del relato de la mujer "se deduce de forma clara que la violencia de la que es víctima por parte de su marido no es un suceso más de violencia doméstica, sino que tiene raíces políticas", lo que supone una persecución protegible mediante la institución de asilo.

Según consta en la sentencia, la mujer se casó con su marido en 1979 y tuvo dos hijos con él. Su esposo, que es del Partido Democrático de Guinea (PDG), se enteró en 1993 de que ella era del Partido de Progreso y comenzó a maltratarla.

La mujer pudo divorciarse de su esposo y se fue a vivir con su hermana. El marido de la víctima ordenó que acuchillaran a su ya ex cuñada, por lo que la protagonista de esta historia decidió abandonar el país.

La mujer pidió asilo en España. La instructora del expediente señaló que la historia de esta guineana constituye "un penoso caso más de violencia padecida por una mujer a manos de su marido al margen de cualquier ideología política".

Así, el Ministerio del Interior denegó el asilo a la mujer, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional. Los magistrados alegaron que no había constancia de persecución política alguna y recalcaron que el marido no ocupaba un puesto relevante en la Administración ecuatoriana.

Para el Supremo, es irrelevante si el marido ocupaba un puesto en el Gobierno ecuatoriano, porque, aunque no lo sea, "puede someter a su mujer a vejaciones y malos tratos, de los que, siendo él afiliado al partido del Gobierno, es presumible que tenga ella difícil defensa".

En este sentido, los magistrados del Alto Tribunal recuerdan que el marido llegó al extremo de ordenar que acuchillaran a la hermana de su mujer.