En su querella, los letrados acusaban al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de dos delitos de prevaricación y uno de revelacion de secretos oficiales.

En cuanto a la supuesta prevaricación cometida por la declaración de libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas de Alfredo Cordero en junio de 2000, el Supremo señala que no constituye un "apartmiento descarado del principio de legalidad" ni "una interpretación totalmente irrazonable de las normas".

Además, añaden que las razones esgrimidas por el juez podrán compartirse o no, entenderse o no, pero ello no permite afirmar el delito de prevaricación que se sostiene en la querella".

En relación a la liberación de Vioque, el argumento esgrimido es idéntico al anterior. "Aunque se dicrepe de esta decisión que ha sido razonadamente revocada, ello no permite afirmar que constituya una resolucón injusta con carácter manifiesto".

Respecto al delito de revelación de secretos, los querellantes se refieren a manifestaciones realizadas por el Ruiz Polanco a la prensa en relación a la puesta en libertad de Vioque. En aquellas declaraciones, el juez señaló, entre otras cosas, que "no tengo datos que acrediten que Vioque sea capo de nada".

El auto del Alto Tribunal asegura que en las citadas declaraciones "no se encuentran datos o informaciones secretas de un sumario".

Por otra parte, el29 de marzo 2001 la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó igualmente el expediente que abrió a Ruiz Polanco por una falta muy grave que habría cometido al poner en libertad a Cordero.