El PP había denunciado a Cándido Conde-Pumpido por una reolución dictada el 25 de febrero, por la que atribuía a la Fiscalía Anticorrupción la investigación de la denuncia presentada por el denominado "caso Majadahonda".

Para los magistrados del Supremo no puede decirse que la resolución dictada por Conde-Pumpido sea "arbitraria". "Al contrario, la actuación preprocesal (...) tiene por objeto precisamente el esclarecimiento de los hechos denunciados, antes de proceder al archivo de las actuaciones o la formulación de denuncia o querella", dicen.

A juicio del Supremo, en el "caso Majadahonda" "se relataron comportamientos presuntamente delictivos y se acompañó voluminosa documentación, que aconsejaban la práctica de diligencias de investigación".

El Alto Tribunal también descarta que Conde-Pumpido haya incurrido en un delito de revelación de secreto al hacer público en los medios de comunicación el citado decreto.

"La atribución del asunto a la citada Fiscalía Especial, para que procediera al esclarecimiento de los hechos denunciados, no es algo secreto, ni por su naturaleza, ni por expresa declaración de autoridad, de modo que la Fiscalía General del Estado cumplía con el deber de información a la opinión pública que le recomienda el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".

Dicho artículo establece que el Ministerio Fiscal podrá, entre otras cosas, "informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto de sumario".

Los magistrados también rechazan que Conde-Pumpido no remitió el caso al "fiscal natural", predeterminado por la ley, que para el PP era el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado, de donde se colige que no puede predicarse de tal institución que cada uno de los funcionarios que componen su plantilla ostenten una facultad de decisión propia, asimilable al ejercicio de la función jurisdiccional que a los miembros del Poder Judicial corresponde", argumentan los jueces del Supremo.

En este sentido, insisten en que en esta cuestión hay "algo patente: no puede predicarse de tal actividad un estatus similar al del juez y, correlativamente, impide que pueda hablarse de un 'fiscal natural, predeterminado por la ley'".