Fuentes del Alto Tribunal indicaron que tras la admisión a trámite de las alegaciones de las dos formaciones, la Sala Especial decidió abrir el periodo probatorio, con un primer plazo de 20 días en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberán valorar las pruebas solicitadas por ANV y PCTV en sus escritos.

Este plazo de 20 días también servirá para que la Abogacía del Estado y el Ministerio Público propongan sus propias pruebas en el marco de las demandas de ilegalización de ANV y PCTV.

Una vez recibidos los escritos de todas la partes, la Sala regulada por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, facultada para estudiar los procesos de ilegalización dentro de la Ley de Partidos, se volverá a reunir para estudiar conjuntamente todas la pruebas solicitadas.

Con esta decisión de la Sala Especial del Tribunal Supremo se inicia la fase de práctica de pruebas en el proceso de ilegalización, que ha sido retrasada debido a la huelga que los funcionarios judiciales han mantenido durante dos meses.

Tras este proceso y después de que los magistrados analicen todas las formulaciones presentadas y practiquen las pruebas solicitadas, el Tribunal estará en disposición de dictar una sentencia y podrá ilegalizar ANV y PCTV o desestimar las demandas.

El único recurso posible tras la resolución del Tribunal Supremo será la de amparo ante el Tribunal Constitucional, según establece la Ley de Partidos.