Los guardias civiles fueron condenados el pasado mes de febrero a un año y seis meses de prisión el agente José Luis Espino, y a diez meses de cárcel para el resto de los encausados, José Luis Martínez, José Antonio Cañado y Juan Reina.

Los hechos por los que fueron juzgados ocurrieron a principios de 1989, cuando los agentes fueron acusados de orquestar una campaña por la legalización del Sindicato Unificado de la Guardia Civil.

Como pruebas de la conducta ilegl de los cuatro acusados, el fiscal presentó unas escuchas telefónicas realizadas en el domicilio de los agentes, recortes de prensa y la publicidad que presuntamente realizaba el sindicato clandestino.

El defecto de forma por el que el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia fue el cambio realizado por el fiscal, durante el transcurso del proceso, de la acusación de delito de sedición por el de injurias.

El tribunal Supremo considera que este cambio vulnera los principios de legalidad y retroacividad contenidos en la Constitución y somete a los acusados a un proceso de indefensión.

El fallo del Supremo estima que el fiscal cometió un error al calificar los hechos como delito de sedición por asociación ilegal en la Guardia Civil, ya que el mismo se encuentra despenalizado desde 1991, por lo que considera que el fiscal debiera haber retirado los cargos en vez de desviar la acusación y mantenerla por un delito de injurias.

El máximo tribunal advierte que las pruebas presentadas por el fisal son bastante inconcretas y señala que la intervención de los teléfonos privados de los encausados respondía a la investigación del delito de sedición, pero no al de injurias, que fue el que al final se imputó a los guardias civiles.