El director general de ACES, Aurelio del Pino, señaló hoy la necesidad de eliminar los trámites y costes administrativos que responden a una lógica política, no económica no de mercado.

Se trata, a su juicio, de "racionalizar los procesos para la concesión de las licencias de apertura y otras autorizaciones administrativas".

El objetivo de la regulación debe ser, de este modo, "el de facilitar la apertura y la competencia en los mercados, como única vía para que las condiciones de la oferta sean las mejores para el consumidor".

En opinión de Del Pino,"los costes administrativos para las empresas de distribución comercial son muy elevados y responden a razonamientos de carácter político o administrativo que son contrarios a los principios de libertad de establecimiento que se recogen el los tratados de la UE y en la directiva de servicios".

"No deben ser las administraciones, sino los consumidores con sus decisiones de compra, los que decidan qué modelo comercial prefieren", añadió.

Señaló, además, que el Estado tiene que garantizar que, en las normas de transposición, se garanticen que los objetivos de la directiva de servicios se cumplan en todos los niveles de administración tanto la autonómica como en la local.

En su opinión, el Estado tiene que garantizar también que haya mecanismos de defensa jurídica de las empresas frente a la aplicación de procedimientos que sean contrarios a la normativa europea.