Esta prueba pericial médica se solicitó a petición de las autoridades estadounidenses y fue canalizada a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Eduardo Fungairiño.

La solicitud de que un médico estadounidense examinara a López de Arriortúa se produjo tras conocerse el informe realizado por los facultativos de la Audiencia Nacional a petición de la defensa del ejecutivo vasco, que asegura que su cliente no está en condiciones de ser extraditdo y de comparecer ante un tribunal, debido a las secuelas físicas y psíquicas que tiene, como pérdida de memoria, a causa de un accidente de tráfico que sufrió en 1998.

Dicho informe, hecho público a finales del mes de enero, señala que López de Arriortúa padece una serie de trastornos psíquicos que le impiden comprender las consecuencias de sus actos, así como pérdida de memoria. Las autoridades estadounidenses quieren que un doctor suyo examine al industrial para comprobar las conclusiones de las puebas médicas españolas.

El ex directivo de Volkswagen, conocido como "Superlópez", se enfrenta a una petición de extradición de las autoridades estadounidenses, sobre cuya procedencia debe decidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El departamento de Eduardo Fungairiño considera que se dan todos los requisitos para que el ejecutivo vasco sea entregado a los Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas acusan al ex directivo de Volkswagen de los presuntos delitos de fraude y sustración de una serie de documentos confidenciales de General Motors, compañía que abandonó en 1992 cuando era su vicepresidente, y de haber entregado dicha información a sus nuevos jefes en la compañía alemana.

En su día, Volkswagen y General Motors llegaron a un acuerdo por el que la primera pagó a la segunda un total de 17.300 millones de pesetas. Además, la compañía alemana se comprometió a comprar material a la segunda por valor de 173.000 millones de pesetas.

Los tribunales estadounidenses imputn a López de Arriortúa un total de seis cargos, cada uno de los cuales está penado con un máximo de 10 años de prisión y multa de 1,7 millones de pesetas.