En la Asamblea Nacional del SUP celebrada el pasado 25 de noviembre se determinó que los artículos 163, 164 y 173 del proyecto, que se refieren a las competencias del Cuerpo Nacional de Policía, son "inconstitucionales".

Según el SUP, en dichos artículos se considera a Cataluña, en materia de seguridad, "prácticamente como a un Estado distinto del Estado español", negando en su territorio competencias supra-autonómicas al Gobierno central, como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado o la expedición de pasaportes.

A juicio del sindicato, en el texto aprobado por el Parlamento catalán "se ha invertido la jerarquía de las fuentes del Derecho, atribuyendo a las normas catalanas aplicación preferente", lo que es "incompatible con la Constitución y los tratados de la Unión Europea".

La Asamblea Nacional del SUP concluyó que "ningún Estado, ni siquiera los que se organizan constitucionalmente de forma federal, como Estados Unidos, Alemania o Bélgica, concede todas las competencias policiales a sus territorios o Estados federados", sino que, "al contrario, se reservan las competencias más importantes en materia de seguridad nacional, tales como terrorismo, crimen organizado, extranjería ycoordinación policial internacional".

El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, recordó hoy este pronunciamiento oficial de su sindicato al referirse a la crisis desencadenada por las declaraciones del teniente general José Mena sobre el Estatuto de Cataluña.

Tras calificar de "acertada" la sanción impuesta al teniente general y considerar "muy razonable" que pague por el error cometido, Sánchez Fornet afirmó que, como concluyó la Asamblea Nacional del SUP, "el Estatuto catalán, tal y como lo presentaron, acababa con la unidad de España, y nosotros estaríamos en el bando de los que defenderían al Estado español".