Durante una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, Enrique Santiago sostuvo que “el mayor peligro de la legislatura es no abordar medidas contundentes para mejorar la vida de la gente y especialmente de las personas trabajadoras, de las personas más vulnerables en nuestro país”.

“Siempre hemos trabajado por forzar al Partido Socialista a que tome medidas que son buenas para nuestro país”, recalcó. Y a este respecto esgrimió la subida del salario mínimo, la reforma laboral y el control de los precios de la energía eléctrica.

Al respecto de la exigencia de Podemos al Gobierno de bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, que considera una línea roja para apoyar los presupuestos de 2025, Santiago alegó que “no hay soluciones blancas o negras”, ya que en Madrid admitió que probablemente los precios de la vivienda sí están un 40% encima de lo que es normal, peor no cree que la situación sea la misma en otras localidades.

“Nosotros no somos tanto de medidas propagandísticas, somos más de medidas serias para corregir problemas, lo que es evidente, es que tiene que haber una intervención del precio, y eso tendrá que ver con el empleo en cada territorio, los salarios de la gente, las zonas tensionadas”, añadió.

“No creo que la solución sea bajar un 10, 15, 20 o 50 por ciento igual en toda España, en todos los supuestos, eso es propaganda pura. Además, dudo que una ley pudiera concretarse en esos términos”, apostilló.

LA PROPUESTA DE SUMAR

Desde Sumar, apuntó que “lo que estamos pidiendo es que se intervenga el precio de los alquileres, que se aplique la Ley de Vivienda, que se establezca un mecanismo obligatorio para la declaración de precios en zonas tensionadas”.

En la misma línea, destacó que la propuesta de Sumar es que, “con tres millones de pisos vacíos, al margen de lo que haya que construir de parque público, quizás en este país hay muchos pequeños propietarios de vivienda que lo que quieren es que las administraciones les den una garantía”.

En concreto, explicó que los propietarios de esas casas puedan acceder a un sistema por el tengan “un contrato de 20 años, donde la administración pública las mantenga, las modernice y las alquile, y los propietarios tengan garantizado, pase lo que pase, cada mes su ingreso”. “Estoy seguro de que habría cientos de miles de propietarios, de pequeños propietarios, que estarían dispuestos” a sacar sus casas al mercado.

Respecto a blindar el parque público de vivienda para impedir su venta a precio libre, Santiago consideró “sorprendente” que no estuviera blindado desde hace mucho: “Lo que es sorprendente es que todas las viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid hayan acabado en manos de fondos buitres”.