El SUGC considera necesario investigar e informar sobre las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo en relación con presunts casos de malos tratos sobre detenidos o ciudadanos.

El sindicato clandestino recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil regula y sanciona las prácticas de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a las personas que están bajo custodia, así como los presuntos casos de abuso de atribuciones.

Asimismo, mantiene que el ministro de Defensa, previa solicitud de la Dirección General de la Guardia Civil, puede acordar la suspensión de funciones del inulpado, como medida cautelar, hasta que se dicte la sentencia condenatoria.

Finalmente, el SUGC critica lo que califica como "falta de respeto del poder Ejecutivo al Legislativo, al no ejercer la justicia administrativa en defensa de la legalidad, como ha ocurrido recientemente en el caso de presuntas torturas sobre el etarra Kepa Urra, por dos tenientes de la Guardia Civil, al no haber incoado el oportuno expediente gubernativo ante la investigación judicial".