En un comunicado de condena por el asesinato del coronel Antonio Heredero en Salamanca, el sindicato clandestino afirma que, además, el Ejecutivo ha desviado a miembros del Instituto armado "para seguimiento y control sobre presuntos sindicalistas destinados en esa zona".

A su uicio, el Gobierno, "en lugar de valerse de las escuchas telefónicas a sindicalistas de la Guardia Civil", podría valerse directamente del sindicato para llevar a cabo su política antiterrorista, "en lugar de trasladar forzosos a los sindicalistas desde esa zona o suspenderlos de funciones".

El SUGC afirma en el escrito que los terroristas saben que las posibilidades de un diálogo para poner fin al problema surgen "de años en años", por lo que, en su opinión, tendrán que esperar mucho tiempo o facilitr que se produzcan las mismas condiciones anteriores.

Sin embargo, agrega que tras los últimos atentados se ha desvanecido la posibilidad de poner fin a la violencia criminal mediante un diálogo ETA-Gobierno, que tendría la finalidad de que los terroristas en libertad se entregaran a las autoridades para ser juzgados y obtener los beneficios judiciales y penitenciarios que les correspondieran.

A juicio de los responsables del SUGC, en la actualidad la solución para poner fin al terrorismo es intesificar las medidas policiales y de colaboración ciudadana, así como atacar cualquier movimiento embrionario que pueda dar lugar a la creación de nuevos comandos a través de "su reserva natural, que son las organizaciones radicales 'abertzales'".

El sindicato clandestino confía que los partidos democráticos vascos puedan atraer a los sectores más civilizados de la izquierda marxista-leninista vasca, para restar base social a ETA.