Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Francisco de Vitoria y la Unión Judicial Independiente (UJI) se reunirán el lunes con el secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, para abordar las exigencias de estas agrupaciones.

Según informó hoy a Servimedia el portavoz de la APM, José Luis equero, las agrupaciones judiciales se reunieron hoy en Plaza de Castilla para estudiar las medidas de presión que adoptarán en caso de que la respuesta del Ministerio de Justicia no satisfaga sus reivindicaciones.

"Las tenemos pensadas, pero esperamos no tener que hacer uso de ellas. Todo depende del resultado de la reunión del lunes", señaló Requero, quien añadió que las cuatro asociaciones esperan que los presupuestos generales del año 2000 recojan la subida salarial del 25 por ciento que reclaman. La reunión del lunes se celebrará a petición del Ministerio de Justicia, después de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado día 22 de septiembre emitiera una declaración institucional en la que mostraba su apoyo a las reivindicaciones de las asociaciones.

De esa forma, el CGPJ reiteró el respaldo que ya demostró en su día a las asociaciones judiciales al enviar las dos propuestas (aumento de sueldo y regulación del sistema retributivo por ley) a la Comisión de Seguimento del "Libro Blanco" de la Justicia, ante la falta de respuesta del Ministerio de Justicia sobre ambas cuestiones.

Las cuatro asociaciones, que reclaman desde hace tiempo la recuperación del poder adquisitivo que vienen perdiendo desde 1989, consideran que los sucesivos gobiernos han hecho oidos sordos a la hora de mejorar la situación económica de gran parte de los jueces y magistrados del país, excepto para los vocales del CGPJ y los magistrados del Tribunal Supremo, quienes recientemente obtuvieon un aumento salarial.

Para mantener sus reivindicaciones, las asociaciones se apoyan en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyos artículos 402 y 403 garantizan a los jueces "una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional" y establecen que el régimen salarial se regulará por ley.