Las dos asociaciones remitieron el pasado 28 de marzo una carta al ministro Manuel Pimentel en la que solicitaban una reunión urgente antes de romper la negociación, sin que hayan recibido ninguna contestación oficial. Unicamente, el ministro pidió ayer a los sindicatos más tiempo para seguir negociando.

Aguilar calificó de "hueca y vacía" esta postura del ministro, ya que "no demuestra ningún tipo de compromiso", por lo que las centrales sindicales consideran que el Gobierno "unilateralmente" ha rotola negociación y "ha incumplido los acuerdos firmados en 1996 entre Ejecutivo y sindicatos".

La ruptura ha surgido tras la última reunión celebrada a finales de marzo, en la que el Ejecutivo planteó ampliar la cobertura del subsidio agrario a casi 300.000 trabajadores eventulales de toda España, pero a cambio de recortar el acceso al subsidio agrario de andaluces y extremeños (el conocido PER), para no provocar un desajuste presupuestario.

Los sindicatos calificaron de "giro brusco" las nuevas poturas del Gobierno y rechazaron un sistema que imponga limitaciones a los agricultores andaluces y extremeños (los que tienen mayor índice de paro), a cambio de ampliar la cobertura al resto de campesinos españoles.

Aguilar acusó al Ejecutivo de "engañar" a los sindicatos y mantener una "deslealtad hiriente" con lo ya firmado. Para UGT, no se trata de problemas económicos, ya que cifran el coste real del nuevo sistema entre 14.000 o 15.000 millones, sino que se trata de "cuestiones políticas".

DURO OLPE

"Es muy probable que en el 96, cuando firmaron los acuerdos, el PP y Javier Arenas estaban en una posición más débil en Andalucía y tenía que firmar algo que iban a incumplir", dijo el representante de UGT, quien también atisbó "presiones por parte de la CEOE".

Para Aguilar, el Gobierno pretende asestarle un "duro golpe" al subsidio agrario con la intención de "la liquidación lenta del sistema que actualmente funciona en Andalucía y Extremadura".

UGT y CCOO tienen previsto reunirse la póxima semana para estudiar un calendario de movilizaciones que, de momento, tiene ya establecida dos fases.

En primer lugar se lanzará una campaña publicitaria entre los agricultores de toda España, se realizarán asambleas, reuniones con partidos políticos y sentadas ante delegaciones del Gobierno, que podrían culminar con una manifestación en Madrid.

Si este sistema no es efectivo, a partir del verano se anuncian manifestaciones en Madrid e incluso la posibilidad de convocar una huelga general pra los agricultores de toda España.

Finalmente, los dos sindicatos aseguraron que "si el Gobierno cambia de actitud", están dispuestos a retomar la negociación.