La demanda, en concreto, se dirige contra la resolución del 16 de abril de 1999, por considerar que "existen vicios sustanciales en el procedimiento y contraviene formalmente lo dispuesto en la Disposición Adicional 28 de la Ley 50/98".

Los subinspectores acusan al presidente de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, de haber dictado esta normativa "prescndiendo de todas las garantías de procedimiento, conculcando abierta y manifiestamente lo dispuesto en la ley".

La asociación asegura que con estos cambios la Agencia ha creado una figura jurídica "imposible", que denomina como la del "instructor irresponsable" en las inspecciones fiscales.

En la práctica consiste en que al subinspector se le ordena realizar la inspección pero, a pesar de tomar todas las decisiones y de firmar el acta, Hacienda dice mediante instrucciones internas que no es resposable, "lo que atenta claramente contra los principios básicos de seguridad jurídica".

El resultado es que los subinspectores no cobran por la responsabilidad que efectivamente asumen. "Esto explica que un susbinspector del País Vasco tenga un sueldo de 6,5 millones de pesetas, cuando el sueldo medio de un subinspector de la Agencia no llega a 4 millones y ambos tienen de hecho las mismas competencias", concluye la organización.