Según la ssociación que representa a este colectivo, los 1.800 profesioales que lo componen pretenden que la protesta con encierros indefinidos y manifestaciones ante las oficinas de Hacienda sea "el ensayo de la futura y total paralización de la inspección en la lucha contra el fraude fiscal".

Los subinspectores quieren denunciar con sus protestas "la maniobra del Gobierno para perpetuar la situación de ineficacia y caos que se vive en el seno de la Agencia Tributaria".

Los trabajadores afirman que la protesta se mantendrá indefinidamente, "mientras el Gobierno perista en su empeño de dejar sin efecto la decisión adoptada por el Congreso de los Diputados en relación con la reforma estatutaria de la Agencia Tributaria".

La asociación mantiene que los subinspectores están realizando funciones que sólo se les reconoce a los inspectores y que marcan las diferencias de retribución y promoción dentro de la escala profesional de la Agencia Tributaria.

Por ello, se niegan a realizar esas funciones y aseguran que ello está llevando a dejar de hacer tareas de inspeción, lo que está reflejándose en caídas de recaudación por levantamiento de actas. Según sus cálculos, el impacto del conflicto sobre las arcas de Hacienda será en 1998 de entre 230.000 y 260.000 millones de pesetas.

El acuerdo del Congreso, que se ha dejado sin efecto mediante una enmienda en el Senado, prevé que el Estatuto de la Agencia Tributaria se regule mediante una ley tramitada en el Parlamento, mientras que la enmienda del Senado señala que se podrá hacer mediante un reglamento interno.

Los subinspectores achacan este cambio a una maniobra de los inspectores, a los que acusan de actuar como un grupo de presión en Hacienda que controla la Agencia Tributaria y que desea mantener su capacidad de autorregulación mediante un reglamento para conservar privilegios.