Estas medidas, según señala la citada asociación, serán inevitables, salvo que, a partir del otoño, "el Congreso de los Diputados intervenga de manera decidida para impulsar realmente la lucha contra el fraude fiscal".

Los subinspectores aseguran que ya hay pruebas oficiales "más que suficientes" que demuestran que la Agencia Tributaria "manipuló y falseó" los resulados de la Inspección del ejercicio 1998. Además, añade que el presidente de la Agencia, Juan Costa, "mintió reiteradamente" a los miembros de la Comisión en sus comparecencias de junio y octubre de 1998 y en la de febrero de este año.

La Asociación de Subinspectores Fiscales, que asegura que el Gobierno está enterado de esta manipulación por las respuestas que ha dado a los grupos parlamentarios, anuncia que en septiembre preparará un informe en el que, a partir de datos oficiales, demostrarán cómo e diciembre del 98 se inflaron los resultados de la deuda liquidada en actas en más de 100.000 millones de pesetas, y en casi 50.000 millones las cifras de delito fiscal.

Sobre la base de este informe, los subinspectores solicitarán a la Comisión de Economía y Hacienda la apertura de una comisión de investigación. Según sus cálculos, sumando a los 100.000 millones inflados los otros 100.000 millones que ya fueron reconocidos por la Agencia, la disminución de la deuda liquidada por actas en 1998 respect al 97 es de 200.000 millones de pesetas.

Además, los subinspectores recuerdan que cuando el ministro Rato y Costa presentaron en abril del 98 el nuevo IRPF, aseguraron que la pérdida recaudatoria del mismo (estimada por el Gobierno en un billón de pesetas en dos años) sería compensada parcialmente con unos mejores resultados en la lucha contra el fraude, recuperación que cifraban en 200.000 millones cada año.

Por todo ello y por la ineficacia de las acciones del Gobierno en su lucha contra el frude fiscal, la Asociación de Subinspectores Fiscales cree que el Ejecutivo "no tiene más salidas que la subida de impuestos o la reducción de las prestaciones sociales, de no mediar medidas urgentes y eficaces".

A juicio de esta asociación, la política del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal es "ineficaz e ilusoria", ya que se basa en fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, provocando una relajación y descontrol sobre los verdaderos defraudadores.

Esto, y la infuencia negativa de "las tramas de corrupción de inspectores que están saliendo ahora a la luz pública", está provocando, según los subinspectores, "unos pésimos resultados". Además, denuncian que la Agencia Trubutaria tiene tanto pánico a que esta corrupción se filtre al exterior que ha prohibido los accesos a las estadísticas nacionales a la mayoría de los puestos de jefaturas y altos cargos.