Según han informado a Servimedia fuentes de esta organización, su presidente, Rufino Oliva, iniciará una serie de encuentros con los presidentes de las 17 comunidades autónomas reclamando dichos cumplimientos legals, en defensa de los intereses de las 17.000 empresas asociadas a esta organización.

Desde la Mesa de Subcontratistas se señala que se pretende buscar el compromiso de los gobiernos regionales para que se exiga a las contructoras adjudicatarias de obra pública el cumplimiento de los plazos de pago para subcontratas que ellas ya tienen legalmente para sus relaciones con el sector público.

Esta campaña de sensibilización irá acompañada de una estrategia de estas empresas de no contratar con construtoras o administración ninguna obra cuyo pago se liquide más allá de los 60 días después de finalizada.

Asimimso, se muestra dispuesta a denunciar en los tribunales "todos aquellos contratos ilegales de los que tenga conocmiento", al tiempo que se ha fijado como fecha límite el 30 de enero de 1997, para seguir utilizando gasóleo A -cargado con más impuestos que el B- en las obras.

Esta medida pretende presionar a las autoridades para que se apruebe el consumo de gasóleos con boficación fiscal en as obras de la normativa comunitaria.