Los subcontratistas, transportistas y auxiliares e construcción exigieron sentarse con las constructoras y el MOPTMA (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente) para negociar menores retrasos en los pagos, y aseguraron que de no atenderse esta petición, realizarán otro paro de 48 horas, al que seguiría uno indefinido, en los que se verían afectados un millón de trabajadores.

Las empresas auxiliares denunciaron el desvío de dinero en las grandes constructoras, además de la existencia de "maletines" entregados en el Parlamento, por loque advirtieron que a partir de ahora denunciarán judicialmente todas las irregularidades que conozcan.

Carlos González Juanes, presidente de la Mesa Nacional de Subcontratistas, Excavadores, Transportistas y Suministradores de Obra Pública, manifestó que las constructoras están realizando bajas temerarias, que después trasladan a las empresas auxiliares que contratan.

También denunció que se financian a su costa, ya que les adeudan 1,7 billones de pesetas en pagos retrasados a más de 210 días, mentras que la Administración paga a las constructoras a 40 días. A su juicio, esta práctica beneficia también a las entidades financieras, que obtienen rendimientos de las letras que descuentan (negociar una letra de 10 millones a 60 días tiene un coste de 80.000 pesetas, pero a 210 días el coste es de 586.000).

Los miembros de la Mesa citaron las suspensiones de pagos de Huarte y Austral para demostrar la indefensión en la que se encuentran ante las constructoras, e indicaron que estas situaciones seproducen por el desvío de fondos para fines no aclarados.

Además, denunciaron la existencia de "maletines y amigos de las constructoras en el Parlamento" para impedir que la Ley de Contratos especificara los plazos de pagos a subcontratistas. En este sentido, indicaron que "nos vamos a convertir en fiscales públicos de cada obra y si descubrimos que una constructora se desvía en lo más mínimo, será denunciada".