Aunque la resolución aprobada reconoce que se han adoptado medidas por parte de algunos decanatos, como el de Madrid, para evitar la corrupción que estos grupos imponen, JpD considera necesario el desarrollo de la disposición tercera de la Ley de Procedimiento Laboral.

Según JpD, los 'subasteros' imponen sus criterios a través de prácticas como "subastillas previas y la itimidación y coacción a los ciudadanos que pretenden participar en las subastas para impedirlo".

La asociación de jueces recuerda que ciertas áreas de la Administración, como la Tesorería de la Seguridad Social, ya han anunciado la creación de una empresa pública con este fin, "lo que evita que los subasteros se hagan con esos bienes a muy bajo precio, con el perjuicio consiguiente del deudor, acreedor y los ciudadanos".