Lo hace en un artículo escrito por él que publica ‘cermi.es’ diario, en el que afirma que esta sentencia marca un hito importante en el ámbito de los servicios sociales y las entidades sin ánimo de lucro.

En este artículo, Vañó también señala que esta sentencia plantea desafíos y oportunidades para el sector de servicios sociales de la Comunidad Valenciana Asimismo, el presidente del Cermi CV, transmite que el fallo de la sentencia, que regula la acción concertada para la prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social en la Comunidad Valenciana, tiene implicaciones significativas para el sector y plantea cuestiones fundamentales sobre la relación entre la Administración y las organizaciones de iniciativa social.

En este sentido, Vañó explica que la sentencia reafirma la opción de la acción concertada en favor de las entidades de iniciativa social, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos en la sentencia y derivados de una cuestión prejudicial ante el TJUE. “Esto es un paso importante para el Tercer Sector, ya que reconoce su contribución al bienestar social y su capacidad para prestar servicios de calidad”, declaró el presidente de CETMI CV.

Sin embargo, Vañó asevera en este artículo que la sentencia también establece restricciones, como la limitación de la duración de los contratos a tres años y la exigencia de que las entidades no hayan obtenido contratos para los mismos servicios en los tres años anteriores; por lo tanto, estas limitaciones pueden plantear desafíos para las entidades sin ánimo de lucro en términos de estabilidad financiera y planificación a largo plazo.

Por su parte, el presidente de Cermi CV expone que la sentencia también enfatiza la importancia de la publicidad y la transparencia en las convocatorias de acciones concertadas con un alto valor; siendo esto es un paso positivo hacia la rendición de cuentas y la competencia justa en la contratación pública.

Además, en este artículo, Vañó señala que con esta sentencia se debe abordar de manera urgente la cuestión de la indemnidad patrimonial para garantizar la viabilidad financiera de las entidades sin ánimo de lucro. “Esta sentencia es un recordatorio de la importancia de equilibrar la eficiencia presupuestaria con la prestación de servicios sociales de calidad y la protección de los derechos de las personas más vulnerables en la sociedad”.

Finalmente, el presidente de Cermi CV trasladó que “no tenemos que olvidar que la sentencia podría sentar un precedente importante para otras comunidades autónomas españolas en cuanto a la definición y regulación de la acción concertada social, especialmente en lo que respecta a la naturaleza contractual, la duración de los contratos y la garantía de indemnidad patrimonial para las entidades prestadoras de servicios sociales”.